El encuentro permitió revisar los principios, reglas prácticas y mecanismos de gobernanza propuestos para orientar el diseño, adquisición, uso y supervisión de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública, con énfasis en derechos humanos, transparencia, explicabilidad, protección de datos, no discriminación, rendición de cuentas y supervisión humana.

Entre los participantes estuvo Osvaldo Larancuent, presidente de Internet Society Capítulo República Dominicana (ISOC-DO), quien valoró que el borrador incorpore temas relevantes como el enfoque multiactor, la soberanía digital así como mecanismos de participación ciudadana y supervisión democrática del uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos.

Otros participantes resaltaron que se haya abordado temas como la protección de la niñez, infancias y juventudes,

Durante la discusión también se reflexionó sobre los retos del proceso de implementación, especialmente la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, definir responsabilidades claras, establecer mecanismos de evaluación de impacto, garantizar transparencia hacia la ciudadanía y asegurar que las instituciones públicas puedan aplicar el Código de manera efectiva, proporcional y sostenible.

Asimismo, los anfitriones reiteraron su compromiso para su implementación próximamente, mientras se mantienen atento a cualquier nueva mejora que se entienda de lugar.

Los participantes resaltaron la importancia de que la ética de la inteligencia artificial no sea tratada únicamente como un asunto tecnológico, sino como una cuestión de gobernanza democrática, confianza pública, integridad institucional y protección de derechos fundamentales.

El encuentro en línea, convocó  a representantes de diferentes entidades públicas, de la sociedad civil y organismos internacionales abordando diferentes puntos de vistas, pero ante todo resaltando su enfoque visionario vinculados a las iniciativas de Gobierno Abierto, Agenda Digital, Transformación Digital así como Derechos Humanos, protección de la niñez, Unesco, entre otros.

El proceso constituye un paso relevante para fortalecer la innovación responsable y la confianza ciudadana en el uso de tecnologías emergentes por parte del Estado dominicano, alineando al país con buenas prácticas internacionales en materia de gobierno abierto, transformación digital y ética de la inteligencia artificial.