La confianza digital se sostiene en distintos componentes que deben funcionar de manera coordinada:

• certificados y firmas digitales;
• identidad y credenciales verificables;
• criptografía robusta;
• protección de datos personales;
• ciberseguridad;
• trazabilidad;
• interoperabilidad;
• preservación de documentos electrónicos;
• mecanismos de auditoría y cumplimiento.

Estos elementos permiten comprobar quién realiza una transacción, verificar la integridad de un documento, proteger información sensible, conservar evidencias y reducir la posibilidad de fraude o suplantación.

Sin embargo, disponer de tecnologías de seguridad no es suficiente. Para que una persona confíe en un servicio digital también necesita saber quién utiliza sus datos, con qué finalidad, durante cuánto tiempo serán conservados, cómo puede corregirlos y qué mecanismos existen para reclamar ante un uso indebido.

Por ello, la confianza no puede reducirse a una cuestión exclusivamente tecnológica. Es también un asunto de gobernanza, derechos, responsabilidad institucional y transparencia.

El programa del congreso abordó temas que muestran cómo está evolucionando este ecosistema. Entre ellos se destacaron la transición hacia criptografía resistente a la computación cuántica, el reconocimiento transfronterizo de firmas electrónicas, las billeteras de identidad, las credenciales verificables, la preservación digital y el uso de inteligencia artificial en servicios de confianza.

La transición poscuántica ya no debe verse como una discusión lejana. Los certificados, documentos firmados y sistemas que deban conservar su validez durante muchos años requieren estrategias de migración, inventarios de activos criptográficos y mecanismos de renovación.

Las credenciales verificables y las billeteras digitales también pueden transformar la manera en que las personas acreditan su identidad, estudios, licencias, autorizaciones o representación empresarial. Su adopción, no obstante, debe acompañarse de privacidad por diseño, minimización de datos y control efectivo por parte de los usuarios.

El reconocimiento transfronterizo de firmas y certificados abre igualmente oportunidades para el comercio regional, los servicios profesionales y los trámites internacionales. Pero exige compatibilidad jurídica, estándares comunes y mecanismos confiables de supervisión.

Esta conversación cobra particular relevancia tras la promulgación del Decreto núm. 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública.

El decreto regula el intercambio seguro, estandarizado, trazable y oportuno de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre instituciones públicas. También procura reducir duplicidades documentales, simplificar trámites y habilitar servicios públicos digitales integrados y centrados en las personas.

Entre sus principios se encuentran:

• seguridad de la información por diseño y por defecto;
• privacidad y protección de datos desde el diseño;
• minimización de datos;
• finalidad legítima y proporcionalidad;
• accesibilidad universal;
• trazabilidad y auditabilidad;
• reutilización de capacidades comunes;
• principio de “una sola vez”.

Este último busca evitar que ciudadanos y empresas presenten repetidamente documentos o informaciones que ya se encuentran bajo custodia de otra entidad pública.

La adopción del marco constituye un avance importante. Sin embargo, su valor dependerá de su capacidad para producir resultados verificables: menos requisitos, reducción de tiempos, servicios integrados, datos de mayor calidad y una mejor experiencia ciudadana.

La República Dominicana ha desarrollado en los últimos años marcos normativos enfocados en el ámbito digital, que la colocan en una posición relevante dentro de la región.

Ese liderazgo normativo representa una fortaleza, pero también plantea una responsabilidad: traducir las normas en capacidades institucionales, herramientas operativas y resultados que la sociedad pueda percibir.

No basta con aprobar reglamentos, crear plataformas o definir nuevos estándares. Es necesario conocer:

• cuáles instituciones están preparadas para interoperar;
• qué calidad tienen sus datos;
• cómo gestionan sus riesgos;
• qué capacidades técnicas poseen sus equipos;
• cómo se protegen los derechos de los ciudadanos;
• qué beneficios concretos generan los servicios implementados.

Para ello, sería conveniente desarrollar modelos de madurez, indicadores públicos, auditorías, evaluaciones periódicas y mecanismos de seguimiento que permitan identificar avances, brechas y prioridades.

La interoperabilidad, las plataformas de identidad, los sistemas de pagos y los servicios compartidos forman parte de lo que internacionalmente se conoce como Infraestructura Pública Digital —DPI—.

Estas infraestructuras pueden producir importantes beneficios, pero también amplificar riesgos si se implementan sin salvaguardas adecuadas.

Las Salvaguardas DPI (DPI Safeguards) ofrecen un marco para incorporar principios de seguridad, privacidad, inclusión, transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos durante todo el ciclo de vida de los proyectos.

Su adopción podría ayudar a las instituciones dominicanas a evaluar no solo si un sistema funciona técnicamente, sino también:

• si es necesario y proporcional;
• si utiliza únicamente los datos indispensables;
• si excluye o perjudica a determinados grupos;
• si existen canales de reclamación;
• si las decisiones pueden auditarse;
• si las personas comprenden cómo se utilizan sus datos;
• si hay mecanismos de supervisión humana.

Estas salvaguardas no deberían interpretarse como una barrera para la innovación. Por el contrario, pueden reducir riesgos, fortalecer la legitimidad de los proyectos y facilitar su adopción sostenible.

Una herramienta especialmente útil sería la aplicación de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos —DPIA— a los nuevos servicios públicos digitales.

Una DPIA permite identificar los riesgos que un proyecto puede generar para la privacidad y los derechos de las personas antes de su implementación o expansión.

Este tipo de evaluación puede examinar:

• los datos que serán recopilados;
• la finalidad del tratamiento;
• las instituciones que tendrán acceso;
• los mecanismos de intercambio;
• el tiempo de conservación;
• las medidas de seguridad;
• los riesgos de discriminación o exclusión;
• las acciones necesarias para mitigar esos riesgos.

La realización de proyectos piloto permitiría desarrollar metodologías adaptadas a la realidad nacional y generar guías reutilizables por otras instituciones.

La evolución de los servicios de confianza también exige revisar de manera articulada distintas normas nacionales.

La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 fue concebida en un contexto tecnológico distinto. Actualmente, las telecomunicaciones no solo transportan señales: sostienen servicios esenciales, infraestructuras digitales, plataformas financieras, servicios de salud, educación, seguridad y administración pública.

Su modernización debería considerar resiliencia, continuidad operativa, gestión de incidentes, infraestructura crítica, protección de usuarios y nuevas responsabilidades de los prestadores.

La Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales también debe evaluarse frente a nuevos servicios como sellos electrónicos, credenciales verificables, billeteras digitales, preservación cualificada y reconocimiento internacional.

De igual manera, la Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos Personales necesita responder a los paradigmas de interoperabilidad, inteligencia artificial, biometría, analítica masiva y servicios proactivos.

La actualización del marco de ciberseguridad debe abordar la continuidad operativa y la protección de infraestructuras críticas, no solamente el cibercrimen. Los fallos técnicos, la dependencia de proveedores, los errores humanos y los incidentes informáticos también pueden afectar servicios esenciales.

La notaría digital, aprobada mediante la Resolución núm. 50-2024, aprobó el Reglamento de Aplicación para el uso de Documentos y Firmas Digitales en el Ejercicio de la Función Notarial. Mediante la misma se busca modernizar y facilitar los procesos notariales, garantizando la seguridad de los documentos en formato digital, en atención a lo dispuesto en la Ley núm. 140-15, sobre Notariado, y Ley núm. 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, representa otra pieza fundamental para modernizar la fe pública.

Su desarrollo puede facilitar actos jurídicos a distancia, reducir desplazamientos, mejorar la trazabilidad y agilizar procesos que involucran ciudadanos, empresas, bancos, registros y autoridades.

Pero su implementación debe preservar el rol del notario como garante de legalidad, identidad, consentimiento y autenticidad.

Esto requiere:

• firmas digitales confiables;
• verificación robusta de identidad;
• plataformas auditables;
• sellado de tiempo;
• preservación de evidencias;
• capacitación profesional;
• protección de datos;
• mecanismos de supervisión.

La modernización notarial no debe limitarse a digitalizar documentos. Debe rediseñar los procesos para hacerlos más accesibles, seguros y adecuados a los nuevos tiempos.

En en el contexto de la III cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, se anunció que RD aprobará su Código de Ética de la Inteligencia Artificial, fortaleciendo su liderazgo regional en gobernanza digital, será una pieza fundamental que complementa este ecosistema al promover transparencia, supervisión humana, protección de datos, no discriminación y rendición de cuentas.

Su puesta en práctica puede contribuir a que los servidores públicos y las instituciones adopten conductas responsables al diseñar, adquirir o utilizar sistemas de inteligencia artificial.

También es importante preservar la soberanía de los datos y la soberanía digital, entendidas no como aislamiento tecnológico, sino como la capacidad del país para decidir cómo se gestionan sus datos, qué estándares utiliza, qué dependencias acepta y cómo protege los intereses de sus ciudadanos.

Los avances regulatorios requieren capacidades humanas para convertirse en realidad.

El Estado necesita profesionales preparados en gobernanza de datos, arquitectura institucional, criptografía, identidad digital, ciberseguridad, privacidad, auditoría, continuidad operativa, inteligencia artificial, accesibilidad y diseño centrado en las personas.

La academia tiene un rol fundamental en la formación de ese talento, pero también en la investigación aplicada.

Universidades, centros de investigación, empresas, reguladores y sociedad civil pueden colaborar para evaluar tecnologías, desarrollar pilotos, medir impactos y crear soluciones adaptadas al contexto nacional.

Esta vinculación permitiría pasar de la adopción de modelos externos a la generación de conocimiento local y capacidades sostenibles.

La confianza digital no depende únicamente del Estado.

Las empresas que administran datos de clientes deben asumir responsabilidades claras sobre seguridad, privacidad, continuidad y transparencia. Los reguladores deben supervisar y actualizar las reglas. La academia debe formar talento e investigar. La sociedad civil debe aportar perspectivas independientes. La comunidad técnica debe promover estándares abiertos y buenas prácticas.

La ciudadanía también necesita herramientas, conocimientos y recursos para utilizar los servicios digitales de manera segura.

Las vulnerabilidades de una sociedad no surgen solamente de fallos tecnológicos. También pueden originarse en el analfabetismo digital, la falta de acceso, la ausencia de recursos asequibles o la imposibilidad de comprender cómo funcionan los sistemas.

Por eso, una cultura de confianza requiere inclusión, educación y participación.

El Congreso de Servicios Electrónicos de Confianza y Certificación Digital ha contribuido a conectar temas que con frecuencia se analizan de manera separada: regulación, tecnología, identidad, criptografía, privacidad, ciberseguridad, interoperabilidad y adopción.

El siguiente paso es transformar esas conversaciones en acciones visibles.

La sociedad debe poder reconocer los resultados:

• menos trámites;
• servicios más rápidos;
• protección efectiva de sus datos;
• continuidad de servicios esenciales;
• acceso inclusivo;
• mayor transparencia;
• mecanismos de reclamación;
• confianza para realizar transacciones digitales.

Desde ISOC.DO entendemos que la confianza digital se fortalece cuando el Estado, los reguladores, las empresas, la academia, la sociedad civil, la comunidad técnica y la ciudadanía comparten responsabilidades.

La meta no es únicamente tener más tecnología. Es utilizarla para generar valor público, proteger derechos y mejorar de manera tangible la calidad de vida de las personas.