El marco incorpora principios esenciales para una Infraestructura Pública Digital confiable: seguridad y privacidad desde el diseño, minimización de datos, trazabilidad, accesibilidad universal, fuentes autoritativas y el principio de una sola vez, orientado a evitar que ciudadanos y empresas entreguen repetidamente información que ya se encuentra bajo custodia del Estado.

También establece una arquitectura institucional definida. El Ministerio de Administración Pública (MAP) asume la rectoría normativa y de gobernanza; la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la operación técnica de la Plataforma Única de Interoperabilidad; y otras instituciones participan conforme a sus competencias en ciberseguridad, identidad, telecomunicaciones, auditoría y pagos públicos.

Esta estructura ofrece una base sólida para avanzar desde servicios digitales aislados hacia una administración pública integrada y basada en datos. Sin embargo, el éxito del marco dependerá de su implementación sostenida, de la calidad de los registros institucionales y de la capacidad del Estado para convertir las disposiciones normativas en prácticas operativas verificables.

La siguiente etapa requerirá fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos responsables de arquitectura institucional, interoperabilidad, gobernanza de datos, protección de datos personales, ciberseguridad, gestión de riesgos, auditoría, accesibilidad y diseño de servicios.

No basta con disponer de una plataforma tecnológica. Las instituciones necesitan equipos capaces de identificar fuentes autoritativas, documentar servicios de intercambio, evaluar bases jurídicas, gestionar metadatos, mantener la calidad de los datos y responder ante incidentes o usos indebidos de la información.

Asimismo, será importante establecer indicadores públicos que permitan monitorear el avance: instituciones integradas, servicios interoperables habilitados, reducción de documentos solicitados, tiempos de respuesta, reutilización legítima de información, cumplimiento de estándares de seguridad y privacidad, accesibilidad y satisfacción ciudadana.

La transparencia sobre estos resultados contribuiría a fortalecer la rendición de cuentas y permitiría que la sociedad conozca el valor público generado por la interoperabilidad.

En este contexto surge una oportunidad complementaria: estructurar una coalición o mecanismo consultivo multiactor que acompañe la implementación del marco.

Este espacio podría articular al Estado con la academia, la sociedad civil, la comunidad técnica, el sector privado, organismos internacionales y representantes de comunidades usuarias. Su propósito no sería sustituir la rectoría ni las responsabilidades institucionales definidas por el decreto, sino agregar capacidades, conocimiento especializado, investigación aplicada, formación, retroalimentación y vigilancia constructiva.

Una coalición de esta naturaleza podría contribuir a identificar brechas de implementación, promover estándares comunes, documentar buenas prácticas, facilitar procesos de formación y generar recomendaciones independientes sobre inclusión, accesibilidad, protección de derechos y confianza digital.

También ayudaría a conectar esfuerzos que ya existen en el país y en la región, evitando duplicidades y facilitando la cooperación con iniciativas internacionales de Infraestructura Pública Digital, datos abiertos, gobernanza de Internet y transformación digital.

Uno de los aportes más concretos de una coalición multiactor sería apoyar la adopción práctica de salvaguardas para la Infraestructura Pública Digital.

El marco incorpora principios relevantes de privacidad, seguridad, proporcionalidad, finalidad, trazabilidad y accesibilidad. El reto consiste ahora en convertir estos principios en herramientas operativas que puedan utilizarse antes, durante y después de desplegar nuevos servicios interoperables.

Entre estas herramientas podrían desarrollarse pilotos de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos (DPIA) aplicadas a servicios públicos que intercambien información mediante la plataforma nacional. Estas evaluaciones permitirían identificar riesgos para las personas, analizar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento de datos, definir medidas de mitigación y documentar responsabilidades antes de escalar una solución.

Otros pilotos podrían abordar pruebas de accesibilidad, análisis de riesgos para grupos vulnerables, revisión de mecanismos de información y consentimiento cuando correspondan, auditorías de trazabilidad, canales de reclamación y recurso, protocolos de supervisión humana en decisiones automatizadas y evaluación periódica de seguridad.

La participación de universidades, organizaciones de sociedad civil y comunidades técnicas permitiría aportar metodologías, evidencia y validación independiente. Al mismo tiempo, los resultados de estos pilotos podrían convertirse en guías reutilizables para otras instituciones públicas, reduciendo costos de aprendizaje y fortaleciendo la coherencia del ecosistema.

La aprobación del Decreto núm. 403-26 merece reconocimiento. Representa una oportunidad para simplificar la relación entre las personas, las empresas y el Estado, y para consolidar una Infraestructura Pública Digital más integrada, confiable e inclusiva.

El reto de largo plazo será asegurar que la interoperabilidad produzca valor público medible: menos requisitos, trámites más rápidos, datos de mayor calidad, servicios más accesibles y una experiencia ciudadana coherente.

Desde ISOC.DO entendemos que este esfuerzo puede fortalecerse mediante una colaboración amplia y responsable. La interoperabilidad es una función del Estado, pero su legitimidad y sostenibilidad pueden beneficiarse de la participación de la sociedad, del conocimiento académico, de la experiencia técnica y de mecanismos independientes de seguimiento.

Una coalición multiactor, acompañada de pilotos de salvaguardas y evaluaciones de impacto, podría contribuir a que este marco no sea únicamente una norma avanzada, sino una capacidad institucional permanente que genere confianza, proteja derechos y mejore de manera tangible la vida de las personas.