En apenas dos décadas, Internet pasó de ser una herramienta limitada a convertirse en la principal infraestructura de comunicación, innovación y productividad del planeta.

Según cifras internacionales recientes:

• Más de 5.5 mil millones de personas utilizan Internet en el mundo.
• Aún existen alrededor de 2.6 mil millones de personas sin acceso significativo.
• Más del 65 % del tráfico global depende de infraestructuras críticas digitales y servicios en la nube.
• La inteligencia artificial generativa está redefiniendo industrias enteras y acelerando la automatización de procesos.

Pero hoy ya no basta con hablar únicamente de “acceso”,  vale la pena, compartir algunas reflexiones en el contexto de la reciente celebración de los 20 años de la Sociedad de la Información en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el pasado mes de diciembre 2025.

 

Accede al informe Cuando fallan los sistemas digitales: los riesgos ocultos de nuestro mundo digital , publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y Sciences Po, que analiza los riesgos físicos en la Tierra, bajo el mar y en el espacio y la fragilidad de nuestro mundo digital interconectado y ofrece una hoja de ruta para la preparación colectiva.

 

El concepto de conectividad significativa tiene dolientes en el país, pues cómo transformar las infraestructuras de telecomunicaciones del país, en un fundamento o pilar de valor para la sociedad dominicana.

Desde el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones se han impulsado iniciativas relevantes vinculadas a:

• expansión de infraestructura de telecomunicaciones, por una conectividad significativa como fue revelado en el estudio homónimo por la Oficina Nacional de Estadística, expandiendo entre otras, la infraestructura de la región sur del país
• inclusión tecnológica, y reducción de brechas digitales, a través de su programa Canasta Digital Social 3.0.
• alfabetización digital, a través del programa Talento Digital, ofreciendo un amplio programa de formación en línea en el país
• promoción de firmas digitales,

La alfabetización digital se ha convertido en un componente esencial para que ciudadanos, empresas y comunidades puedan desenvolverse en un entorno digital cada vez más complejo.

Especial atención merece el Ministerio de Administración Pública (MAP) , el rol que desempeña para estructurar el cambio para adoptar una cultura digital de alto valor en el contexto del desarrollo y madurez digital en las capacidades del país, con apoyo de diferentes organismos de las Naciones Unidas (ONU), como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impulsando importantes iniciativas relacionadas con:

• el Digital Readiness Assessment (DRA), para evaluar el nivel de preparación digital del país.
• la construcción de una coalición multiactor,
• la adopción de Infraestructura Pública Digital (DPI), para desarrollar pilares para que los servicios públicos digitales evolucionen e impulsen la productividad desde el Estado, considerando la conectividad, los pagos, la identidad, la privacidad, la interoperabilidad entre las agencias que brindan servicios a la ciudadanía, y cuáles son las capacidades de la sociedad y los servidores públicos con la madurez para adoptar cambios en el corto, mediano y largo plazo.
• las DPI Safeguards, para un desarrollo digital centrado en la protección de los derechos humanos
• y el análisis de preparación para inteligencia artificial (AILA), para conocer cómo la Inteligencia Artificial está siendo adoptada por el país

Estas herramientas permiten evaluar la preparación digital del país y diseñar políticas públicas basadas en evidencia, interoperabilidad, inclusión y derechos digitales.

La Agenda Digital 2030, constituye un marco de políticas públicas para impulsar la transformación digital del pais, pero su implementación requiere instituciones maduras capaces de coordinar tecnología, gobernanza, regulaciones, tratamiento de datos y participación ciudadana.

Por su parte, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) , impulsa conceptos de inclusión profunda como los de gobierno abierto y participación ciudadana en alianza con el Foro Multiactor de Gobierno Abierto, fortaleciendo la transparencia y la construcción colaborativa de políticas públicas, como parte de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, del inglés), que ha influido positivamente en otros ámbitos locales como el de la Justicia Abierta, promoviendo que las personas reciban igualdad de protección, beneficios y derechos ante la ley.  Su rol ha destacado, por promover mayor valor a la conducta de los servidores públicos, en el que los esfuerzos vinculados a datos abiertos representan un componente estratégico para el futuro digital del país.

En efecto, la disponibilidad de datos públicos interoperables y reutilizables permite: mejorar la transparencia institucional, fortalecer la rendición de cuentas, facilitar el monitoreo ciudadano, impulsar innovación basada en evidencia, y desarrollar nuevos servicios digitales de alto impacto social y económico.El acceso responsable a datos operativos y estadísticos provenientes de instituciones públicas y organizaciones vinculadas al ecosistema digital crea oportunidades para entidades tales como: investigadores, emprendedores, academia, sociedad civil, y ciudadanía..  En especial para la construcción de herramientas, análisis y plataformas que fortalezcan la democracia digital y la participación ciudadana.En una economía cada vez más impulsada por inteligencia artificial y analítica avanzada, los datos abiertos se convierten en un activo estratégico para promover innovación, competitividad y mejores políticas públicas.

Es de orden destacar el rol de Banco Central de la R. D., que ha promovido la innovación del Sistema de Pagos de la R. D. (Sipard), a partir de sus estadísticas que muestran un extraordinario nivel de adopción.

Durante los últimos años, la R. D. ha experimentado una transformación significativa en la adopción de pagos electrónicos, transferencias digitales, tarjetas, pagos instantáneos y nuevos mecanismos interoperables de transacciones financieras. Las estadísticas del SIPARD reflejan un crecimiento sostenido tanto en volumen como en valor de operaciones digitales, evidenciando una acelerada adopción de medios de pago electrónicos en toda la economía nacional.

Ha impulsado la expansión de instrumentos tales como: pagos instantáneos, transferencias electrónicas, tarjetas de débito y crédito, cuentas de pago electrónico, y mecanismos interoperables de liquidación.  Estos han contribuido a fortalecer: la inclusión financiera, la eficiencia económica, la formalización, la competitividad, y el  acceso universal a servicios financieros digitales.

Este proceso no solo moderniza el sistema financiero, sino que también crea las bases para una economía digital más dinámica e inclusiva, donde ciudadanos, comercios, emprendedores e instituciones públicas puedan interactuar de forma más eficiente, segura y transparente.

En un entorno global donde la transformación digital depende cada vez más de la interoperabilidad y la confianza, infraestructuras como las del SIPARD representan un componente fundamental de la infraestructura digital nacional y del avance hacia una sociedad más conectada y preparada para los desafíos de la economía digital del siglo XXI.

Nos parece oportuno destacar el rol de la JCE en este contexto.  Junto a la modernización de los sistemas de pagos digitales, la evolución de la identidad digital constituye otro componente esencial de la infraestructura pública digital nacional.

La Junta Central Electoral (JCE) también desempeña un rol estratégico dentro del proceso de transformación digital de la R. D., particularmente mediante el proyecto de renovación de la cédula de identidad y electoral, concebido como una plataforma moderna de identidad digital segura, interoperable y alineada con estándares internacionales de autenticación y firma digital. La incorporación de tecnologías como chips criptográficos, certificados digitales, biometría y mecanismos avanzados de validación fortalece la confianza digital, la protección de la identidad y la capacidad de interoperabilidad del Estado. En el contexto de la DPI y las tendencias internacionales impulsadas por marcos como eIDAS de la Unión Europea, este proceso representa una oportunidad para evolucionar hacia esquemas de identidad digital reutilizable, servicios electrónicos seguros y futuras billeteras digitales interoperables centradas en el ciudadano, contribuyendo así al fortalecimiento de la sociedad de la información y la soberanía digital nacional.

En este contexto, el concepto mismo de identidad ciudadana, al adoptar el paradigma digital, no solo sirve para autenticación biométrica, sino para: la interoperabilidad, la firma digital, los servicios transfronterizos, y nuevos modelos de economía digital, con tendencia a convertirse en uno de los principales habilitadores de servicios públicos digitales, la inclusión financiera, la firma electrónica avanzada y la simplificación administrativa.  Y se observa cómo la JCE está dando los pasos correctos para adoptar este nuevo paradigma para nuestro documento de identidad y electoral.

La resiliencia digital y la continuidad operacional de los servicios esenciales serán cada vez más determinantes para la estabilidad económica y social de los países.

La República Dominicana ha venido consolidando capacidades institucionales importantes en esta materia. El Centro Nacional de Ciberseguridad y el Equipo de Respuesta a Incidentes o Emergencias de Seguridad Informática de la República Dominicana (CSIRT-RD) desempeñan un rol estratégico en el monitoreo, prevención y respuesta ante incidentes de seguridad cibernética, particularmente en las infraestructuras críticas del sector público.  Estas iniciativas contribuyen a fortalecer la cultura de protección digital, mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas y elevar progresivamente la madurez de las instituciones que operan servicios críticos basados en tecnologías digitales.

De especial atención es importante destacar el destacado apoyo del gobierno de Estonia para impulsar desde el país capacidades a través del programa LAC4 (Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe), una iniciativa regional de la Unión Europea diseñada para mejorar las capacidades en ciberseguridad, combatir los delitos informáticos o el cibercrimen, y proteger infraestructuras críticas. Su sede principal para toda la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) que se encuentra ubicada en Santo Domingo, República Dominicana.

El programa ofrece:

• Capacitación Especializada: Ofrece entrenamiento práctico y técnico para profesionales, funcionarios gubernamentales y pequeñas empresas en temas de higiene cibernética y gestión de crisis.
• Cooperación Internacional: Facilita el intercambio de las mejores prácticas de la Unión Europea y fomenta la creación de redes de ciber-diplomacia y cooperación regional.
• Eventos y Conferencias: Organiza periódicamente eventos regionales como la conferencia Cyberweek para debatir los avances del sector.

No obstante, los desafíos continúan creciendo. La expansión de servicios interoperables, plataformas digitales, identidad digital y sistemas basados en datos exige avanzar hacia modelos más robustos de gobernanza de la ciberseguridad, especialmente para la protección de infraestructuras críticas nacionales y la gestión de riesgos asociados a tecnologías emergentes.

En este contexto, resulta particularmente relevante la discusión nacional sobre la necesidad de modernizar el marco normativo vigente, incluyendo la actualización de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el desarrollo de una Ley de Gestión de la Ciberseguridad, actualmente pendiente de aprobación en el Congreso Nacional desde su introducción en 2021, que fortalezca la coordinación nacional, la gobernanza institucional y la adopción de estándares especializados de protección cibernética en sectores estratégicos.

De forma similar, el paradigma de la inteligencia artificial (IA) representa igualmente una de las mayores oportunidades tecnológicas de nuestra época. Su capacidad para aumentar la productividad, automatizar procesos, fortalecer servicios públicos, mejorar la educación y acelerar la innovación ya comienza a transformar múltiples sectores económicos y sociales.

Sin embargo, la IA también introduce desafíos complejos relacionados con: privacidad y protección de datos, sesgos algorítmicos, transparencia y explicabilidad, vigilancia masiva, desinformación, concentración tecnológica, y soberanía digital.

En este contexto es importante destacar la iniciativa para desarrollar el Código de Ética para el uso responsable de la IA en el Estado, impulsada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la DIGEIG, con apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), apoyada en los siguientes principios clave:

• Protección y respeto de los derechos humanos.
• Transparencia y rendición de cuentas en las decisiones algorítmicas.
• Equidad, inclusión y prevención de sesgos o discriminación.
• Privacidad y buen manejo de los datos ciudadanos.

Estas iniciativas reflejan una evolución progresiva hacia modelos de gobernanza algorítmica más transparentes y centrados en derechos, alineados con tendencias internacionales de inteligencia artificial responsable.

Por ello, el diseño de políticas públicas, marcos regulatorios y mecanismos de gobernanza digital será cada vez más importante para garantizar que estas tecnologías se desarrollen de manera responsable, inclusiva y centrada en las personas.

La región necesita avanzar hacia modelos regulatorios y de gobernanza que permitan equilibrar innovación y protección de derechos humanos.  En este escenario, la soberanía digital no debe entenderse como aislamiento tecnológico, sino como la capacidad de un país para gobernar estratégicamente sus datos, infraestructuras críticas, estándares digitales y capacidades tecnológicas, preservando interoperabilidad y apertura.

El desarrollo digital no depende únicamente del gobierno o de las empresas tecnológicas. Requiere una visión de múltiples partes interesadas o multiactor.

El fortalecimiento sostenible del ecosistema digital dominicano requiere reconocer a la academia y a las organizaciones técnicas internacionales como actores estratégicos para el desarrollo nacional. Las universidades y centros de investigación desempeñan un rol fundamental en la formación de talento especializado, la investigación aplicada y la creación de capacidades en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, gobernanza de datos, interoperabilidad y tecnologías emergentes.

En este contexto, organizaciones como ISACA-RD, PMI RD, IEEE sección R. D. (IEEE-RD), Internet Society Capítulo R. D.  (ISOC-DO), junto a asociaciones privadas y empresariales conectados con el desarrollo digital como lo son: Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio, la Cámara TIC de la R. D., la Asociación Dominicana de Empresas FinTech de la R. D. (Adofintech), entre otras que destacan, han contribuido significativamente al fortalecimiento de capacidades técnicas, la formación de ingenieros y la promoción de estándares abiertos e infraestructura resiliente para el desarrollo digital. A través de sus redes profesionales, actividades académicas y espacios multiactor, estas organizaciones facilitan la transferencia de conocimiento, la cooperación internacional y la participación del país en discusiones globales sobre conectividad, gobernanza de Internet, ciberseguridad y soberanía digital.  Impulsan la articulación entre academia, comunidades técnicas, sector privado y Estado lo cual ha permitido avanzar en iniciativas vinculadas al fortalecimiento de infraestructura digital, gobernanza de Internet, desarrollo de talento especializado y modernización tecnológica.